“Que pasa Claudio (Ambrosini, presidente de Enacom) estoy leyendo en los diarios que aumentan las tarifas de los celulares en septiembre, no hablaste con ellos”, dice con voz firme el presidente Alberto Fernández.
-Si vengo hablando pero me dicen que no, incluso les plantee que si se comprometían a no volver aumentar hasta marzo del año que viene y también dijeron que no”, respondió el titular de Enacom.
El presidente cortó la comunicación. Miro a Santiago Cafiero que estaba junto a él y fue directo: “me hincharon las pelotas, llámala a Vilma y que me resuelva la parte legal y que esto se mantenga en el más estricto silencio”.
-“Será la guerra con el Grupo”, insinuó Cafiero.
-“Nunca hubo tregua, yo cumplí con la palabra de cerrar la grieta pero ellos nos pegan todos los días pero no es una guerra, son los únicos que ganaron mucha plata en estos meses de pandemia y no son capaces de frenar un poco la avaricia, solo le pedimos que acompañen y se pongan a la altura de las circunstancias”.
Vilma Ibarra trabajó en cómo frenar los aumentos hasta el 31 de diciembre y en el marco legal a la telefonía celular y fija, Internet y el cable como servicios públicos esenciales. La respuesta estuvo en la Ley Argentina Digital que se había aprobado en el Congreso en diciembre de 2014 y que el ex presidente Mauricio Macri derogó apenas asumió con un simple DNU para dejar contento al lobby de las grandes empresas.
La secretaria de Legal y Técnica trabajo sobre esa idea y resolvió que sería a través de un nuevo DNU, ya que una ley implicaría demasiado tiempo y las empresas utilizarían a la oposición para trabar la discusión.
El viernes a la noche, resuelta la parte legal, el presidente decidió anunciarlo por Twitter. Muy al estilo de Néstor Kirchner, fue una sorpresa que ni Ambrosini conocía, mucho menos las empresas del sector.
El holding que nuclea a Cablevisión Fibertel, Telecom y Personal, bajo el control del Grupo Clarín enloqueció. La orden hacia la oposición fue directa: “salgan a castigar al gobierno”. Todos salieron a respaldar a la empresas, en contra de lo usuarios, afirmando que “marchamos hacia Venezuela”.
En realidad, el gobierno solo busca que algunas empresas, que han ganado demasiado en estos años y también durante la pandemia, ganen un poco menos. “El único interés que toco es el de los usuarios y consumidores, no queremos parecernos a Venezuela, sino a Noruega y Finlandia, donde los servicios son públicos. Se terminó el país de los CEOs y gerentes que dejaban que las empresas hicieran lo que quisieran”, dijo ayer el presidente Fernández en un reportaje a radio 10.
En realidad el DNU no estatiza ni interviene ninguna empresa, solo funcionará como sucede con el régimen de la medicina prepaga, donde las empresas deben consultar con el Estado los aumentos y dar sus motivos.
El argumento de la oposición sobre que la medida ahuyentará las inversiones extranjeras es ridícula. Durante los cuatro años de gestión del macrismo no hubo inversiones, solo la especulación financiera que les permitió ganar fácilmente dólares y fugarlos del país, dejando una deuda impagable a los argentinos.
El presidente les pidió “solidaridad” a las empresas del sector, las únicas que ganaron en estos meses de pandemia: “no pido que pierdan sino que ganen menos”. La respuesta fue de ninguna manera. De allí que el mandatario, que sabe que llegó allí por el voto de la gente y no de la empresas, en una jugada audaz, les marcó la cancha