Desde los medios de comunicación hegemónicos, el ejecutivo nacional y algunos legisladores oficialistas, se han repetido hasta el cansancio algunas frases como: “¿Qué pasó, hubo una guerra?, ¿Cayó una bomba?”, en referencia hacia la cantidad existente de personas con discapacidad en nuestro país a partir del año 2000. Por Ismael Posadas
La verdad es que nada de eso sucedió. “La verdad”, ellos también la saben, pero la esconden para justificar todos sus actos en contra del colectivo de personas con discapacidad de nuestro país.
Hagamos un repaso de la historia de la discapacidad en nuestro país. Comencemos por el siglo XX, donde las personas con discapacidad tenían algunas leyes que las protegían, pero en forma aisladas. Es decir que las personas ciegas tenían su propia ley, las personas sordas la suya, las personas con discapacidades motrices la propia y así sucesivamente. Pero lo cierto es que todas estas personas accedían a estas leyes cuando se enteraban de su existencia y la existencia a apoyos económicos estaba limitado a una cantidad “X” que el estado determinaba y si las personas con discapacidad excedía esa cantidad, la que quedaba sin cobertura tenía que esperar a que alguna de las titulares de esos beneficios falleciera para tener una oportunidad de acceder al beneficio económico. Aquí es donde nacen las versiones de 70.000 personas con discapacidad o las 120.000 o 200.000 pensiones asistenciales a las que hace referencia el oficialismo.
Entonces ¿Qué pasó en el siglo XXI?
Comencemos en el año 2001, durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Antes de la caída de su gobierno, El por entonces presidente De La Rúa, había llevado adelante el censo poblacional de hogares 2001. En ese censo, por primera vez en toda la historia Argentina, se preguntó sobre las dificultades para ver, escuchar, leer o aprender, de desplazamiento, entre otras cosas. Convirtiéndose esta en la primera vez que se preguntaba oficialmente sobre la temática de la discapacidad en nuestro país.
Más tarde, entre noviembre de 2002y junio de 2003, se llevó adelante la “Encuesta Nacional sobre Discapacidad” (ENDIS). Esta encuesta, basada en los datos censales de 2001, arrojó los primeros datos estadísticos sobre la población con discapacidad en Argentina. Es decir que por primera vez se sabía cuantas personas con discapacidad habitaban nuestro país y cuales serían sus características particulares. La pregunta en este caso sería: ¿No será esta, la bomba que cayó en nuestro país?; Conocer la realidad sobre las personas con discapacidad que habitaban el territorio.
Continuando con la historia, durante el año 2002, con la presidencia interina de Duhalde, nuestro país asumió el compromiso de enviar representantes a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para comenzar a diagramar lo que sería a partir del año 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad (CDPD). Llegando al año 2010, donde por primera vez en la historia, el INDEC incorpora al censo estadístico la situación real de las personas con discapacidad. Arrojando unos datos que reflejaban un contexto desconocido. 12,9 % de la población tenían al menos una discapacidad. 5.114.190 personas con diversidad funcional habitaban nuestro país. En el año 2021, el indec no tuvo en cuenta ese dato estadístico, por lo que se estima que 6.000.000 de personas con discapacidad habitan nuestro suelo. Volviendo a la evolución de derechos.
Luego de aprobada la (CDPD) en la (ONU), ya bajo el gobierno de Cristina Fernández, ingresa a nuestro país la convención por la ley 26378 que fue sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada el 6 de junio del mismo año.
Por la reforma a la constitución Nacional de 1994,que en su artículo 75, inciso 22, dice que todos los tratados internacionales deben tomar jerarquía constitucional, el 4 de diciembre de 2014 se sanciona la ley 27044 reconociendo la ley 26378 con jerarquía constitucional, siendo promulgada el 8 de enero de 2015, también bajo la presidencia de Cristina Fernández.
Entonces, conociendo la historia y lucha de las personas con discapacidad en nuestro país, podemos ver que cuando el actual oficialismo y los medios de comunicación dicen que no se explican como pasamos de 70000 personas con discapacidad a 1.200.000 pensiones no contributivas en el período peronista, mienten ocultando la verdad y estigmatizando a nuestro colectivo. La misma Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Creada por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, publicó en marzo de 2025 que las personas con discapacidad que habitaban nuestro territorio con certificado único de discapacidad vigente eran 1.900.061 personas. Este dato fue publicado bajo el gobierno de Javier Milei, actual presidente Argentino que dice no explicarse estos números. Recordemos que Manuel Adorni, ex vocero presidencial, manifestaba asombrado que se habían otorgado pensiones truchas a personas con discapacidad, utilizando la placa de un perro diciendo además que más de 150 personas habían utilizado esa misma imagen. Lo cuál se comprobó después que no era verdad. El periodista Luis Majul manifestó en varios de sus programas, infinidad de críticas falseando la verdad, sobre las personas con discapacidad. Pero, de lo que no hablan ni el oficialismo ni los medios de comunicación hegemónicos, es de los hechos graves de corrupción llevados adelante por el actual oficialismo.
En resumen, hasta el 27 de octubre de 2001, fecha en que se llevó a cabo el censo nacional de población y hogares 2001, no se conocían datos oficiales sobre las personas con discapacidad que habitaban en Argentina. A partir de allí se comenzó a conocer la realidad sobre esta población hasta entonces ignorada por los distintos gobiernos. A ttravés de estos datos y la firma de tratados internacionales, las personas con discapacidad pasamos a ser sujetos de derechos y por esos motivos, es que aumentó la población de personas con discapacidad exponencialmente. Porque se las empezó a reconocer oficialmente desde el estado. Es a través de este reconocimiento estatal, siguiendo parámetros internacionales, que las personas con discapacidad son responsabilidad del estado y no de sus familias como manifiesta el actual ejecutivo.
Por eso comencé esta nota diciendo: “Contemos la verdad a ver qué pasa”. Todo lo manifestado aquí lo pueden encontrar en las redes, en las páginas web, preguntándole a las inteligencias artificiales, buscando la información en los portales oficiales, etcétera. Cuando la información real se comparte, la verdad sale a la luz. Les invito a compartir la verdad, para romper con el cerco informativo generado por los medios de comunicación hegemónicos y el aparato de difusión oficial mentiroso.
Finalmente recordemos nuestro lema: “Nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros”. Y para tener siempre presente. El impacto de la discapacidad en la familia.
La verdad es que nada de eso sucedió. “La verdad”, ellos también la saben, pero la esconden para justificar todos sus actos en contra del colectivo de personas con discapacidad de nuestro país.
Hagamos un repaso de la historia de la discapacidad en nuestro país. Comencemos por el siglo XX, donde las personas con discapacidad tenían algunas leyes que las protegían, pero en forma aisladas. Es decir que las personas ciegas tenían su propia ley, las personas sordas la suya, las personas con discapacidades motrices la propia y así sucesivamente. Pero lo cierto es que todas estas personas accedían a estas leyes cuando se enteraban de su existencia y la existencia a apoyos económicos estaba limitado a una cantidad “X” que el estado determinaba y si las personas con discapacidad excedía esa cantidad, la que quedaba sin cobertura tenía que esperar a que alguna de las titulares de esos beneficios falleciera para tener una oportunidad de acceder al beneficio económico. Aquí es donde nacen las versiones de 70.000 personas con discapacidad o las 120.000 o 200.000 pensiones asistenciales a las que hace referencia el oficialismo.
Entonces ¿Qué pasó en el siglo XXI?
Comencemos en el año 2001, durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Antes de la caída de su gobierno, El por entonces presidente De La Rúa, había llevado adelante el censo poblacional de hogares 2001. En ese censo, por primera vez en toda la historia Argentina, se preguntó sobre las dificultades para ver, escuchar, leer o aprender, de desplazamiento, entre otras cosas. Convirtiéndose esta en la primera vez que se preguntaba oficialmente sobre la temática de la discapacidad en nuestro país.
Más tarde, entre noviembre de 2002y junio de 2003, se llevó adelante la “Encuesta Nacional sobre Discapacidad” (ENDIS). Esta encuesta, basada en los datos censales de 2001, arrojó los primeros datos estadísticos sobre la población con discapacidad en Argentina. Es decir que por primera vez se sabía cuantas personas con discapacidad habitaban nuestro país y cuales serían sus características particulares. La pregunta en este caso sería: ¿No será esta, la bomba que cayó en nuestro país?; Conocer la realidad sobre las personas con discapacidad que habitaban el territorio.
Continuando con la historia, durante el año 2002, con la presidencia interina de Duhalde, nuestro país asumió el compromiso de enviar representantes a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para comenzar a diagramar lo que sería a partir del año 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad (CDPD). Llegando al año 2010, donde por primera vez en la historia, el INDEC incorpora al censo estadístico la situación real de las personas con discapacidad. Arrojando unos datos que reflejaban un contexto desconocido. 12,9 % de la población tenían al menos una discapacidad. 5.114.190 personas con diversidad funcional habitaban nuestro país. En el año 2021, el indec no tuvo en cuenta ese dato estadístico, por lo que se estima que 6.000.000 de personas con discapacidad habitan nuestro suelo. Volviendo a la evolución de derechos.
Luego de aprobada la (CDPD) en la (ONU), ya bajo el gobierno de Cristina Fernández, ingresa a nuestro país la convención por la ley 26378 que fue sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada el 6 de junio del mismo año.
Por la reforma a la constitución Nacional de 1994,que en su artículo 75, inciso 22, dice que todos los tratados internacionales deben tomar jerarquía constitucional, el 4 de diciembre de 2014 se sanciona la ley 27044 reconociendo la ley 26378 con jerarquía constitucional, siendo promulgada el 8 de enero de 2015, también bajo la presidencia de Cristina Fernández.
Entonces, conociendo la historia y lucha de las personas con discapacidad en nuestro país, podemos ver que cuando el actual oficialismo y los medios de comunicación dicen que no se explican como pasamos de 70000 personas con discapacidad a 1.200.000 pensiones no contributivas en el período peronista, mienten ocultando la verdad y estigmatizando a nuestro colectivo. La misma Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Creada por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, publicó en marzo de 2025 que las personas con discapacidad que habitaban nuestro territorio con certificado único de discapacidad vigente eran 1.900.061 personas. Este dato fue publicado bajo el gobierno de Javier Milei, actual presidente Argentino que dice no explicarse estos números. Recordemos que Manuel Adorni, ex vocero presidencial, manifestaba asombrado que se habían otorgado pensiones truchas a personas con discapacidad, utilizando la placa de un perro diciendo además que más de 150 personas habían utilizado esa misma imagen. Lo cuál se comprobó después que no era verdad. El periodista Luis Majul manifestó en varios de sus programas, infinidad de críticas falseando la verdad, sobre las personas con discapacidad. Pero, de lo que no hablan ni el oficialismo ni los medios de comunicación hegemónicos, es de los hechos graves de corrupción llevados adelante por el actual oficialismo.
En resumen, hasta el 27 de octubre de 2001, fecha en que se llevó a cabo el censo nacional de población y hogares 2001, no se conocían datos oficiales sobre las personas con discapacidad que habitaban en Argentina. A partir de allí se comenzó a conocer la realidad sobre esta población hasta entonces ignorada por los distintos gobiernos. A ttravés de estos datos y la firma de tratados internacionales, las personas con discapacidad pasamos a ser sujetos de derechos y por esos motivos, es que aumentó la población de personas con discapacidad exponencialmente. Porque se las empezó a reconocer oficialmente desde el estado. Es a través de este reconocimiento estatal, siguiendo parámetros internacionales, que las personas con discapacidad son responsabilidad del estado y no de sus familias como manifiesta el actual ejecutivo.
Por eso comencé esta nota diciendo: “Contemos la verdad a ver qué pasa”. Todo lo manifestado aquí lo pueden encontrar en las redes, en las páginas web, preguntándole a las inteligencias artificiales, buscando la información en los portales oficiales, etcétera. Cuando la información real se comparte, la verdad sale a la luz. Les invito a compartir la verdad, para romper con el cerco informativo generado por los medios de comunicación hegemónicos y el aparato de difusión oficial mentiroso.
Finalmente recordemos nuestro lema: “Nada sobre nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotros”. Y para tener siempre presente. El impacto de la discapacidad en la familia.